Ciudadano libre

Foto de  enlace La sala quinta del Tribunal Supremo, la que conoce asuntos objetivamente correspondidos a la, en mi opinión, mal llamada jurisdicción militar, es sin duda la gran olvidada y desconocida de la mayoría de las facultades de Derecho en España. La mayoría de juristas no conocen del derecho militar, y los que conocen se debe a su pura curiosidad y labor autodidacta. Lo que más llama la atención de esta jurisdicción son los procedimientos que tienen como finalidad analizar si una determinada conducta es típica del Código Penal Militar de 2015 . Dicho texto legal es posiblemente el que más épica y literatura guarda al estar relacionado con asuntos militares que tanto se tratan en las películas y novelas de ficción. La traición militar, el espionaje militar, delitos contra la disciplina militar,... todos ellos recogidos en el Libro Segundo del CPM (a partir del Artículo 24). Es fácil analizar si es competente dicha jurisdicción (si un Juzgado o Tribunal Togado lo es) cuando ...

Foto de  enlace El 2023 ha empezado como un año interesante en materia de cuerpos de policía local en Cataluña. En apenas unas semanas ya se han resuelto por parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dos recursos de casación con los que se ha respondido a una misma pregunta: ¿Puede un policía destinado en cualquier lugar de España presentarse para ser policía local en un municipio de una comunidad autónoma distinta a donde está destinado? Esta pregunta originó un litigio en el Juzgado Contencioso-Administrativo Número 3 de Barcelona cuando Luis María, Policía Foral de Navarra que quiso participar en la Convocatoria de 2017 para la selección por movilidad interadministrativa de 49 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Luis María se vio excluido de la lista definitiva de aspirantes al no cumplir con los requisitos de las bases; concretamente el que exigía que los aspirantes debían ser " policía local en alguno de los municipios de Cataluña, miembro de los Mossos d'Esquad...

Foto de enlace La correcta comunicación y notificación de cualquier acto administrativo es clave para velar por los intereses de los administrados y sus Derechos ante la Administración Pública, con especial relevancia en algunos procedimientos concretos. Especialmente los procedimientos de ejecución judiciales, los cuales tienen una especial trascendencia en materia de notificación y actos de comunicación procesal. Este tipo de procedimientos han vuelto a ser objeto de jurisprudencia constitucional en la reciente STC 110/2022 en la que vuelve a poner de relevancia los requisitos constitucionales para los actos de comunicación procesal y que estos surtan plenos efectos sin que haya una vulneración de los Derechos Fundamentales de los administrados. Estamos ante el caso de Manuel Muñoz, quien conoció extraprocesalmente (es decir, por medios ajenos al proceso) de que se estaba produciendo el embargo de algunos bienes suyos, por lo que decide interponer incidente de nulidad de las actuacio...

Foto de  enlace Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, no ha habido jamás tamaño entramado jurídico e institucional de protección de nuestros Derechos y Libertades Fundamentales, a pesar de que ya existieron otros mecanismos en constituciones anteriores de una forma más, digamos, tímida. Los ciudadanos españoles, e incluso extranjeros residentes en España, tenemos la oportunidad de defender, exigir, y ejercer nuestros DDFF ante multitud de entes del estado: desde las administraciones públicas de todo tipo, hasta el poder judicial, pasando por otros como organizaciones y cortes internacionales o la mera denuncia a través de diferentes altavoces como son las organizaciones ciudadanas de la sociedad civil. No obstante, desde mi punto de vista, el que más trascendencia constitucional tiene es el Recurso de Amparo promovido ante el Tribunal Constitucional, reconocido en el Artículo 53.2 CE. Pero tristemente, los datos que comparte el TC con respecto a estos recur...

Imagen de  Enlace Un debate que se suele alargar a lo largo del estudio e investigación de los jurista es la duda sobre qué tiene prioridad ante un conflicto entre las normas/disposiciones de una ley con rango constitucional y un tratado internacional. La duda no es para nada irrelevante: ¿Es más importante una norma que otorga un poderes al ejecutivo y al legislativo, u otra que ese legislativo-ejecutivo ha pactado a nivel supranacional con otros estados y cuyas disposiciones son contrarias a las normas constitucionales que les habilitan para ello? Veamos un poco de qué va esto: En primer lugar debemos tener claro qué es una Constitución y qué es un tratado. Una Constitución es la norma fundamental de un estado (democrático, en este caso) que dispone los poderes que se constituyen, el esqueleto legislativo básico sobre el cual regular nuestro ordenamiento jurídico, y organiza el territorio y cuestiones básicas del estado. En el caso de la Constitución Española de 1978, esta regula...

La hiperpolitización y la polarización política en España pasa factura a nuestras salud y estabilidad democráticas; especialmente si son los dos principales partidos de la nación los que encabezan dicha ofensiva. Seguramente que, de no existir VOX y Unidas Podemos- o su influencia fuera mucho menor- el CGPJ estaría más que renovado hace tiempo. Bien es cierto que este órgano podría haber estado ya renovado si no fuera por el WhatsApp de Ignacio Cosidó en el que afirmaba que "controlarían la sala segunda por la puerta de atrás". Ello implicó un escándalo tremendo (y con razón) que desmoronó la inminente renovación. Todo ello, sumando la entrada con fuerza de VOX en las Cortes Generales en 2019 y la colaboración parlamentaria entre el gobierno de coalición y los independentistas catalanes- que ha desembocado en el indulto a los condenados por sedición y malversación de fondos-, ha bloqueado por completo la posibilidad de renovar el CGPJ. Entretanto, se ha (re)abierto el debate ...