España, tras cuarenta años de estado totalitario, alcanzó la democracia y el estado de derecho en 1978 tras los esfuerzos de los grandes partidos de la época por llegar a un acuerdo constitucional que abarcara un texto jurídico en el que todos tomaran parte y a raíz del cual todos los partidos pudieran, si llegara el momento, gobernar sin tener que prescindir de su programa político. En estos cuarenta años pocas veces se ha puesto a prueba (jurídicamente hablando) la fortaleza de nuestra democracia constitucional. Los únicos precedentes que ahora se me vienen a la cabeza son la sedición de 2017 en Cataluña, el Estatut, o el Plan Ibarretxe; todos ellos pusieron a prueba la democracia constitucional; en todos ellos, a mi entender, se les dio respuestas (jurídicas, no políticas) eficaces y acertadas. Dentro de dos días decae el tercer estado de alarma en nuestra reciente historia constitucional, precedido, como todos ya sabemos, del de Zapatero en 2009 y el de marzo de 2020. Se trata de u
Blog para hablar jurídicamente de asuntos de interés, pero de modo que pueda ser entendido por todo el mundo.