Ciudadano libre

Creado con Grok Lo bonito del Derecho es que conforme pasa el tiempo, puedes releer leyes y artículos que ya habías ojeado (y hojeado) y le encuentras nuevas interpretaciones o lo enfocas desde nuevos puntos de vista. Leyendo el código penal (por vigésima vez) he dado con el delito de administración desleal, que dice que " serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado ". Cuando empecé mis estudios universitarios, mi interpretación de administrar un patrimonio ajeno [...] mediante un negocio jurídico se limitaba a los directores de empresas y altos cargos de sociedades mercantiles. Sin embargo, con los años he ampliado esa visión y me he dado cuenta aquellos ...

Foto de  enlace Estos días se ha hecho viral un vídeo de una enfermera del hospital Vall d'Hebron (Barcelona), originaria de Cádiz, en el que protestaba porque para poder optar a una plaza fija como funcionaria le requerían el C1 de Catalán. Ello ha levantado mucha polémica, como casi todo lo que tiene que ver con la diversidad lingüística en Cataluña, pero a pesar de todo he observado bastante consenso entre personas de diferentes ideologías políticas en que en Cataluña, para tener una plaza fija de funcionario, se ha de requerir un nivel mínimo de español y catalán, ambas lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Podríamos debatir si el C1 es excesivo y podría bastar un B2, como se le pide a los aspirantes a agentes de Policía Local; pero como norma general todos estamos de acuerdo en que catalán y español son lenguas que han de requerirse y acreditarse mediante un título oficial. En mi opinión, también debería exigirse un C1 de español, ya que en la mayoría de oposiciones en C...

Foto de https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200907/fiscalia-denuncia-machismo-senales-trafico-8103298  Son muchos los debates que se dan en el seno de la responsabilidad extracontractual, las famosas indemnizaciones por daños y perjuicios (Artículo 1.902 Código Civil), cuando hay por medio vehículos a motor y otros elementos de peligrosidad. Y ya no digo nada cuando el vehículo a motor es una motocicleta de gran cilindrada que no cumple con los mínimos de precaución y seguridad exigibles durante la circulación. Sin embargo, hay veces en las que a pesar de actuar de forma imprudente al volante uno puede exigir que se le indemnice por los daños sufridos por un accidente en el que la mayor parte de la culpa la ha tenido el propio motorista. Hoy hablamos del caso de Carlos Jesús (nombre ficticio de la sentencia en el CENDOJ), un motorista que en Barcelona, en una zona escolar y con un clima de lluvia iba al doble del límite de velocidad permitido y que ante una peatona en si...

Imagen de  Enlace Un debate que se suele alargar a lo largo del estudio e investigación de los jurista es la duda sobre qué tiene prioridad ante un conflicto entre las normas/disposiciones de una ley con rango constitucional y un tratado internacional. La duda no es para nada irrelevante: ¿Es más importante una norma que otorga un poderes al ejecutivo y al legislativo, u otra que ese legislativo-ejecutivo ha pactado a nivel supranacional con otros estados y cuyas disposiciones son contrarias a las normas constitucionales que les habilitan para ello? Veamos un poco de qué va esto: En primer lugar debemos tener claro qué es una Constitución y qué es un tratado. Una Constitución es la norma fundamental de un estado (democrático, en este caso) que dispone los poderes que se constituyen, el esqueleto legislativo básico sobre el cual regular nuestro ordenamiento jurídico, y organiza el territorio y cuestiones básicas del estado. En el caso de la Constitución Española de 1978, esta regula...