Estos días se ha hecho viral un vídeo de una enfermera del hospital Vall d'Hebron (Barcelona), originaria de Cádiz, en el que protestaba porque para poder optar a una plaza fija como funcionaria le requerían el C1 de Catalán. Ello ha levantado mucha polémica, como casi todo lo que tiene que ver con la diversidad lingüística en Cataluña, pero a pesar de todo he observado bastante consenso entre personas de diferentes ideologías políticas en que en Cataluña, para tener una plaza fija de funcionario, se ha de requerir un nivel mínimo de español y catalán, ambas lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
Podríamos debatir si el C1 es excesivo y podría bastar un B2, como se le pide a los aspirantes a agentes de Policía Local; pero como norma general todos estamos de acuerdo en que catalán y español son lenguas que han de requerirse y acreditarse mediante un título oficial. En mi opinión, también debería exigirse un C1 de español, ya que en la mayoría de oposiciones en Cataluña se da por hecho que por tener la nacionalidad española se tiene el nivel de lengua española suficiente para ser funcionario público. Creo que no es así, pero eso ya es un juicio de valor mío.
Al parecer, a esta enfermera gaditana se le va a abrir un expediente sancionador por estas declaraciones. En palabras del Consejero de Salud en su cuenta de Twitter: "Declaraciones como éstas son intolerables en una servidora pública. Desde el centro hasta al departamento llegaremos hasta el fondo de la cuestión. Abrimos un expediente. El sistema sanitario ha de garantizar la atención en la lengua propia de Cataluña, en esto trabajamos cada día." [Traducido del Catalán, tweet aquí]. No puedo estar de acuerdo con abrirle un expediente sancionador a esta trabajadora, por muy en desacuerdo que pueda estar en el contenido (y quizá en la forma) de su mensaje, y eso es lo que voy a entrar a valorar en este humilde artículo.
Recordemos que esta trabajadora, en cuanto a ciudadana española, tiene una serie de derechos fundamentales, entre los que encontramos el derecho a la libertad de expresión. Este derecho se basa, de acuerdo con el diccionario panhispánico del español jurídico, en la "emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos, ideas y opiniones"; es la libertad de "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Un trabajador no puede verse privado de derechos fundamentales, ya que la condición de empleado va ligada necesariamente con la condición de ciudadano que le otorga los derechos fundamentales de la Constitución.
Este derecho a la libertad de expresión no ampara en absoluto el derecho al insulto o a emitir juicios injuriosos que puedan atentar contra el derecho al honor u otros derechos fundamentales, que es el límite por excelencia de la libertad de expresión. No me gusta esta expresión, la considero de "cuñado", pero sería como decir que tu derecho acaba donde empieza el de otro. Creo que nadie que no esté condicionado por una venda política y opaca pueda considerar que opinar que no debería exigirse el C1 de catalán para opositar sea de carácter injurioso, insultante o vejatorio. Sólo algunos sujetos hiperpolitizados son capaces de considerar que se insulta, veja o insulta a la "nació" catalana o a la cultura catalana y que ello merece reproche jurídico. Opinar que el catalán no deba ser exigido no es insultante, y el que opine que sí, pues allá él, pero tiene pinta de que le han insultado poco.
No olvidemos otra cosa: la opinión tiene un contenido relevante en la esfera pública, ya que se está hablando de oposiciones y empleos públicos. Este carácter público del debate hace que los límites de la libertad de expresión sean mucho más amplios que si se opina sobre una persona concreta. La STC 107/1988 (FJ 2) expuso en su día que “la jurisprudencia constitucional ha destacado que el máximo nivel de protección se produce cuando dicho derecho se ejerce en relación con personas que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos resulten afectados por opiniones”. Las administraciones públicas, por tanto, están sometidas a un mayor nivel de crítica. Yo no quiero un estado en el que criticarlo implica reproche jurídico hasta el punto de no poder seguir trabajando para la administración.
Otra de las críticas que se le ha hecho a esta trabajadora es que como trabajadora de un hospital público debe ser "fiel" a su empleador, que son las administraciones pública; y que por eso debe ser expulsada de inmediato por criticarla. Dos apuntes sobre eso: primero, claro que una trabajadora ha de ser fiel a su empleador en la medida que la obligue el principio de buena fe contractual, de modo que los derechos fundamentales han de ejercerse respetando ese derecho y el contenido del contrato. Pese a que no hay un deber genérico y absoluto de lealtad de un trabajador que implique no poder expresar nada, existe "la necesidad de un comportamiento mutuo ajustado a las exigencias de la buena fe, como necesidad general derivada del desenvolvimiento de todos los derechos y específica de la relación contractual, que matiza el cumplimiento de las respectivas obligaciones, y cuya vulneración convierte en ilícito o abusivo el ejercicio de los derechos" (STC 120/1983, FJ 1). Y, por otro lado, el hecho de que haya un contrato de trabajo no hace que el trabajador se transporte a un entorno paralelo y en el que no rijan los derechos fundamentales. Insisto en lo que he expuesto anteriormente, que la condición de empleado va ligada necesariamente con la condición de ciudadano que le otorga los derechos fundamentales de la Constitución. Volviendo a la sentencia citada en este párrafo, "no cabe defender la existencia de un genérico deber de lealtad, con su significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no es acorde al sistema constitucional de relaciones laborales y aparece contradicho por la propia existencia del conflicto cuya legitimidad general ampara el texto constitucional".
Otra cuestión que a mí me da muchísimo miedo (sí, miedo, no me he equivocado de expresión) es la facilidad con la que en este país hemos normalizado el ostracismo y el escarnio público por razón de expresarse libremente. Pérez Reverte dijo una vez que en un pasado no muy lejano alguien podía ser fascista o comunista y que simplemente se le respondía con argumentos y con debate. Hoy en día uno es liberal, socialdemócrata, conservador, u otra ideología no radical y se somete a quien se significa públicamente a una presión enorme. En el caso de esta enfermera gaditana, se le ha hecho una "investigación" hasta el punto de intentar ridiculizarla por haber expresado en el pasado lo mismo sobre las exigencias del gallego en Galicia o por no haber podido opositar en Andalucía por no haber presentado en tiempo el DNI. Es decir, por el mero hecho de dar una opinión que ha incomodado a una pluralidad de personas se le hace una investigación a fondo con la que atacarle y ponerle en la diana. Hay medios de comunicación (nacionalistas) que han dedicado hasta 12 noticias en un día a esta trabajadora criticándola y poniéndola en la diana por el mero hecho de haber dado una opinión que no transgrede los límites constitucionales.
Estamos convirtiendo la libertad de expresión en una batalla constante en la que llegará un momento en el que pocos quieran salir de la trinchera, y cuando eso pase quizá sea demasiado tarde. Va a llegar un momento que los únicos que se atrevan a alzar la voz para defender sus intereses sean solamente políticos y aspirantes a políticos que dan su opinión y no temen al ostracismo porque les compensa con el sueldo que tienen de concejales o diputados (a algunos les basta con la mera expectativa de tenerlo). Si se está promoviendo esta cultura de la cancelación para tamañas tonterías, creo que tenemos una falta de valores, ética y cultura democrática enorme. Y es una pena.
Sillero Delgado
Bellaterra, tres de marzo de dos mil veintidós
Comentarios