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CGPJ y otras "movidas" constitucionales


La hiperpolitización y la polarización política en España pasa factura a nuestras salud y estabilidad democráticas; especialmente si son los dos principales partidos de la nación los que encabezan dicha ofensiva. Seguramente que, de no existir VOX y Unidas Podemos- o su influencia fuera mucho menor- el CGPJ estaría más que renovado hace tiempo. Bien es cierto que este órgano podría haber estado ya renovado si no fuera por el WhatsApp de Ignacio Cosidó en el que afirmaba que "controlarían la sala segunda por la puerta de atrás". Ello implicó un escándalo tremendo (y con razón) que desmoronó la inminente renovación.

Todo ello, sumando la entrada con fuerza de VOX en las Cortes Generales en 2019 y la colaboración parlamentaria entre el gobierno de coalición y los independentistas catalanes- que ha desembocado en el indulto a los condenados por sedición y malversación de fondos-, ha bloqueado por completo la posibilidad de renovar el CGPJ. Entretanto, se ha (re)abierto el debate sobre el método de elección de los jueces de dicho órgano constitucional. Recordemos que la elección de los miembros del CGPJ se lleva a cabo por parte del Congreso y del Senado desde la reforma del PSOE, de modo que, como vulgarmente se dice, desde el año 1980 los miembros del CGPJ lo escogen los políticos. Los partidos más tajantes en esta cuestión son VOX y Ciudadanos, quienes quieren volver al método anterior a la reforma de Felipe González- esto es, los 12 miembros de la carrera judicial que los escogen los jueces y los otros ocho juristas de reconocido prestigio y 15 años de profesión que los escogen los políticos-, o directamente quieren que los 20 magistrados sean escogidos por el poder judicial. Más País también pide un método "especial", pero creo que no vale la pena comentarlo, pues no me acaba de convencer.

El debate lo tenemos en que debemos escoger el mejor método para tener el mejor CGPJ posible, a la altura de una democracia plena del Siglo XXI como es el Reino de España. Sobre el método que propone VOX, el anterior a la reforma de 1980, no parece que haya ningún tipo de argumento en contra que justifique que no sea un buen método, pues no deja de ser el método que manifiesta mejor la independencia judicial al conseguir que el 60% de los magistrados se escojan por el poder judicial, lo que además evita que un eventual bloqueo político- como el que vivimos hoy- deje sin renovar la mayoría de los puestos. Sin embargo, yo veo dos inconvenientes a este método- e inevitablemente, también al que propone Cs de que todos los miembros los escoja el poder judicial-: el primero es que la experiencia empírica no nos muestra que este método sea el mejor o el menos problemático. Remírez de Ganuza, quien escribió la biografía profesional del presidente de la sala segunda del Supremo, nos señala claramente a Italia, cuyo modelo es el que propone VOX y que no ha sido, como en ocasiones se intenta hacer creer, un método infalible de buen funcionamiento. Por otro lado, no podemos obviar que existen agrupaciones de jueces y magistrados caracterizadas por corrientes "ideológico-legislativas", de modo que éstas pueden trasladar en clave judicial lo que hoy sucede en clave política. No obstante, y llámenme romántico si lo desean, mi confianza en el poder judicial es mucho mayor que la que tengo en el poder legislativo (y, consecuentemente, en el ejecutivo), y es por eso que defiendo un modelo que retire el poder a los políticos. Creo que el método que propone Ciudadanos es ambicioso y podría funcionar; mientras que el de VOX tampoco es una mala idea, pero sigo pensando que deberíamos reducir un poco más el poder de las Cortes Generales en esta materia (que escojan no más de 4 ó 5 miembros, que representan un 20-25%). No me sirve la mera afirmación del ministro Bolaños en la que dice que "los jueces no pueden escoger a los jueces", pues es un enunciado que carece de fundamento y justificación y que sólo responde a los intereses del gobierno y de los políticos- como tantas cosas en este país.

Sobre la elección de los miembros del CGPJ por parte de "los políticos", a pesar de lo que se nos quiere vender constantemente, no es del todo inadecuada o tan perversa- o, mejor dicho, no debería serlo-. Sí es cierto que Partido Popular y Partido Socialista "se han repartido" el CGPJ a su antojo, e incluso han "vendido sus sillas" a otros para conseguir votos a favor en proposiciones de ley o presupuestos (PNV, CiU,...); pero ello no deslegitima el sistema de elección, sino a dichos partidos. Las mayorías cualificadas (3/5 partes) para la elección de los jueces son garantía de que ningún partido con mayoría absoluta pueda imponer sus candidatos sin ningún tipo de transacción o acuerdo con otras fuerzas- como podía pretenderse con la reforma que el gobierno quiso presentar de la LOPJ y que por la presión de Bruselas no tiró hacia delante-, por lo que nos vemos obligados a pactar con adversarios políticos por el bien del funcionamiento de la democracia. Lo ideal es que estos partidos, que no son más que los representantes del pueblo en las Cortes, escojan los miembros que consideren y que cumplan con una serie de requisitos que garanticen que son los mejores para el puesto; y me parece lógico que en el CGPJ tengamos sólo a los mejores jueces y magistrados y juristas del país- ello implica la posibilidad de que el PSOE pueda proponer un candidato que pueda identificarse como conservador, y que el PP proponga otro considerado como progresista, sólo porque son los mejores-. El principal argumento en contra de dicha materia es que "estarán atados a un partido y decidirán en función de los intereses del partido que les ha propuesto". Sobre ello, lo primero que he de decir es que en este país el poder judicial funciona y muy bien, por lo que la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados está más que acreditada y demostrada a lo largo del tiempo, lo que se demuestra viendo los muchos procedimientos judiciales por presuntos casos de corrupción abiertos a partidos que han formado parte de la elección del CGPJ; y lo segundo es que, si queremos evitar esto, lo que podríamos proponer es impulsar todas las reformas legislativas y constitucionales pertinentes para que el mandato de los magistrados sea vitalicio. ¿Por qué? Si un magistrado tiene asegurado el puesto hasta su retiro o hasta su fallecimiento, sin posibilidad de ser apartado por parte de quienes le propusieron acabado el mandato limitado por un periodo de tiempo concreto, éstos no tendrán ningún impedimento para tomar decisiones imparcial e independientemente, lo que facilita la buena labor de los magistrados. 

Sobre el argumento, que yo comparto también, de "es que los políticos no escogen a los mejores, sino a los afines", yo respondo que la solución es muy sencilla: al llegar las elecciones generales, vota a un partido que creas que va a proponer a los mejores y no a los afines; pues si protestamos de que los partidos X,Y y Z escogen miembros afines, pero a la hora de votar escoges X, Y o Z, lo que estamos haciendo es legitimar esas conductas. Todo ello sin perjuicio de aquello que dice Alejandro Nieto en su libro "El desgobierno de lo público" en el que dice que los partidos cuando no tocan poder esgrimen la ética, y cuando lo tocan "hacen política" y aplican lo de "donde dije digo, digo Diego", dando ocasión de sacar a pasear la hemeroteca como sucede con el presidente del gobierno, a quien le recuerdan hoy cuando siendo entrevistado por Jordi Évole dijo que quería quitarle poder de decisión a su partido en materia de elección de miembros del poder judicial y hoy hace todo lo contrario.

La realidad es que llevamos más de mil días con un CGPJ que debería ser renovado pero sigue paralizado; y ello, si se alarga, podría embarrar la elección de los ocho de doce miembros del Tribunal Constitucional que corresponden a las Cortes Generales, repitiendo una historia muy similar. Citando nuevamente a Nieto, cuando en TV3 en 2012 le preguntaron "¿Esto cómo se arregla?", yo digo "Pues no lo sé; no sé ni cómo, ni si se puede", especialmente si las mayorías son las que son y la polarización es la que es.


Sillero Delgado

Terrassa, cuatro de septiembre de dos mil veintiuno

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