Con esto del Coronavirus y los Reales Decretos-Ley que limitan nuestros movimientos y nuestra libertad de empresa, ya comienza a haber voces desde la oposición que insinúan que estamos ante una situación similar a la de Venezuela y que podemos acabar igual. Podríamos tener un debate sobre lo que está haciendo el gobierno, sobre si es correcto aprobar un estado de alarma en lugar de un estado de excepción dadas las medidas tomadas, sobre si las medidas económicas son razonables, y otras muchísimas cuestiones propias del juego político. Pero esos no son asuntos que ahora nos vayan a ocupar.
Son muy polémicas las palabras de algunos líderes, especialmente de Podemos y confluencias, que tienen un claro sesgo comunista pidiendo "sacrificios personales" para afrontar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Muchos salieron como locos a defender con fervor la Constitución diciendo que en ella se reconoce el derecho a la propiedad privada y la economía de mercado, y que era por tanto inconstitucional dicha medida si se tomara. Es curioso con qué facilidad se utiliza ese término: inconstitucional. No señor, las expropiaciones no son inconstitucionales, pues la Constitución permite las expropiaciones con el fin de que un gobierno de ideología comunista pueda aplicar sus políticas económicas de igual manera que lo hace un partido partidario de la no intervención del gobierno. Quizá, eso sí, sería necesario explicarle a Pablo Iglesias que para ello debe cumplir con TODO el ordenamiento jurídico e indemnizar a las personas que sean sujeto pasivo en dichas expropiaciones.
De igual modo se habla que se está perdiendo la libertad cuando el gobierno pretende luchar contra los bulos; apelan que quieren acabar con la libertad de expresión y de información para establecer el pensamiento único. Otra más.
Y podría seguir enumerando muchos delirios de locura de los que dicen que España va a dejar de ser una democracia si sigue el mismo gobierno. Les adelanto dos cosas: la primera, los derechos no son absolutos y por tanto son limitables, por lo que una limitación en un derecho o unas vías que indican cómo ejercerlo no es, a priori, una vulneración (a menos que el Tribunal Constitucional disponga lo contrario); la segunda cosa es que la conversión de España en un estado donde no hay libertad depende de nosotros mismos.
Sí es cierto que en España gozamos de una democracia que permite el juego político de absolutamente cualquier idea sin límite alguno, y que la Constitución es una herramienta que protege a los ciudadanos de los abusos de poder de los gobernantes si quisieran llevarlos a cabo. Es evidente el ejemplo de 2017 cuando los gobernantes de la Comunidad Autónoma de Cataluña quisieron abusar de su poder para derogar el orden constitucional vigente de manera irregular. Pero, ¿Fue la Constitución lo que protegió nuestra democracia? La respuesta es no. La Constitución no es un escudo mágico al servicio de España que soluciona sus problemas con sólo mencionarla. La Constitución cuenta con un gran número de mecanismos para que los ciudadanos, en defensa de nuestros derechos, aspiraciones e intereses legítimos, podamos ejercitar acciones y protegernos de los abusos de otros, incluso de las instituciones del estado. Pero si no decidimos activar esos mecanismos, la Constitución no nos salvará de un posible abuso del estado (más allá de la ideología que pueda tener su gobierno y sus legítimas pretensiones políticas).
No hace mucho leí en el libro El Pasillo Estrecho, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, un pasaje que me emocionó y hablaba precisamente de esto citando que "[...] el alcance de una Constitución depende de la capacidad de la gente corriente para defenderla y para reclamar lo que se le prometió, si es necesario a través de medios no institucionales".
En suma a todo esto, lo que quiero transmitir es que España no se va a convertir en Venezuela siempre y cuando no lo permitamos. El gobierno de España, elegido democráticamente, tiene el derecho y el imperativo constitucional de gobernar en función de lo que, en razón de su ideología política, crea que que es el interés general. De igual manera, si el gobierno comete un abuso o vulnera nuestros derechos fundamentales con su acción política, la oposición tiene el deber y el derecho de controlar la acción de gobierno mediante sesiones de control o el acceso al poder judicial o el TC. Pero ahora yo quiero ir un paso más allá: también debemos ser nosotros, los españoles de a pie, los que tomemos la iniciativa y apliquemos la Constitución. Si se nos vulnera un derecho, debemos acudir a los tribunales para reclamar su restablecimiento, salir a la calle a protestar (aunque en plena pandemia no sea muy recomendable), tramitar iniciativas legislativas populares y, en definitiva, pulsar todas las teclas que el juego democrático nos permite, tanto hoy como cuando acabe la crisis sanitaria.
Si hacemos eso, ahora y siempre, es seguro que España seguirá siendo una democracia más allá de quién gobierne. Sin embargo, si no denunciamos los abusos del gobernante y nos conformamos porque "no hay nada que hacer" o porque "es inútil", luego no nos quejemos si perdemos nuestra libertad. Porque la libertad se tiene ejerciéndola, y exigiendo cuentas al estado por cada palmo de poder que el pueblo le otorga.
Sillero Delgado
Terrassa, veintiséis de abril de dos mil veinte.
Terrassa, veintiséis de abril de dos mil veinte.
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